El concierto catalán nos aboca a tres Españas

The Objective, 1 de septiembre de 2024

El concierto catalán pactado por el PSC (PSOE) con ERC ha introducido una incógnita más en la política española. Muchos, incluso en el propio Gobierno, afirman que no se va a concretar en un sistema foral a la vasca, lo que conllevaría traspasar a la Generalitat la regulación y recaudación de todos los impuestos estatales a cambio de una especie de cupo por los servicios estatales y una “cuota de solidaridad” a favor de las comunidades de menor renta. Ambos quedarían al albur del pactisme político del momento.

El objetivo de reducir las transferencias interregionales es claro, pero su cuantía es incierta. En términos de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado, los cálculos preliminares de FEDEA estiman que podría provocar un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros, elevando la sobrefinanciación de la Generalitat entre un 25 y un 50 % desde el actual 100,9 %, que sube al 101,2 % cuando se añade la subvención a la creciente deuda autonómica (sí, en contra de las quejas de los separatistas, Cataluña está ya financiada por encima de lo que corresponde a su nivel de renta).

Ese trasvase de recursos sólo puede financiarse por dos vías: recortando servicios públicos a todos los españoles o aumentando los impuestos a los que residen fuera de Cataluña y las actuales comunidades forales. Por un lado, el Gobierno podría recortar el gasto del Estado en los servicios de su competencia, como la defensa y las pensiones, lo que redundaría en peores servicios para todos los españoles. Con las cifras estimadas por FEDEA, eso representaría un promedio entre 136 y 272 euros por persona, equivalentes a entre 352 y 704 euros por hogar.

Por otro lado, el Gobierno podría elevar los impuestos actuales o futuros (vía deuda pública); pero ya lo podría hacer sólo en las comunidades de régimen común, entre las que —tras el concierto catalán— ya no se incluiría Cataluña. De nuevo bajo los supuestos de FEDEA, eso representaría un coste medio de entre 179 y 359 euros por cada residente en esas comunidades, equivalentes a entre 453 y 907 euros por cada uno de sus hogares. Con matices menores, recobraría actualidad el “Padre Nuestro” de Quevedo, cuando se quejaba de que “[e]n Navarra y Aragón no hay quien tribute un real; Cataluña y Portugal son de la misma opinión, sólo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuesta la cruz”.

Claro que el impacto individual de estos costes varía porque todo promedio esconde efectos de signo muy diverso, tanto a escala regional como personal. Depende, asimismo, de qué servicios e impuestos se suban, y de cómo se modifiquen. Por ejemplo, financiar con deuda traslada el coste fiscal a los contribuyentes futuros. Por no hablar de que la traslación de cargas impositivas hace que los efectos reales difieran de los observables, dando así lugar a consecuencias tan imprevistas como difíciles de verificar.

Por todo ello, al evaluar la viabilidad del concierto catalán, nos adentramos en un pantano lleno de incertidumbres y conjeturas, tanto en términos políticos como económicos.

La política hace que el recorte de gasto sea menos probable que el aumento de impuestos. No porque escaseen los gastos superfluos sino porque los gastos políticamente recortables ya están a niveles muy bajos, como ilustra bien el gasto en defensa, que seguimos sin aumentar pese a la creciente inseguridad y a que nos comprometimos con la OTAN a duplicarlo. Las recientes subidas de las pensiones también indican que no es ésta un área de fácil recorte.

Por lo tanto, el concierto tendería a financiarse con subidas de impuestos a quienes residan en comunidades de régimen común, lo que, en la práctica, significaría que paguen más impuestos, sobre todo, los residentes en Madrid.

Muchos consideran que esa subida desigual de impuestos sería políticamente inviable; pero todo depende de cómo se instrumente y de cómo se presente a la opinión pública. La inflación de estos últimos años supuso un aumento enorme de impuestos sin coste político para el Gobierno. Lo mismo sucede con la deuda pública, cuya acumulación no altera el sentido de voto ni siquiera de los jóvenes obligados a pagarla. Ojos que no ven, votante que no se inmuta.

Por otro lado, los españoles llevamos más de cuatro décadas aguantando sin pestañear los privilegios que disfrutan vascos y navarros, cuya sobrefinanciación excede el 200 y 144 %, respectivamente. Es cierto que los flujos absolutos de Cataluña serían mucho mayores, por lo que muchos creen que un cupo catalán a la vasca es inviable. Pero deberían pensarlo mejor, porque su magnitud es modulable; y empezaría con cuantías modestas para ir aumentándolas muy despacio, lo que anestesia al contribuyente, algo de lo que también tenemos sobrada experiencia. Además, la propaganda y las emociones jugarían su papel, del que también hemos tenido un anticipo este verano con la campaña contra el turista madrileño; o estos mismos días, con el silenciamiento orquestado del concierto, a cuenta de inundarnos con noticias sobre inmigración irregular.

En cuanto a la viabilidad económica, mucho depende de qué consecuencias entraña el vivir de rentas, un aspecto sobre el que discrepan los economistas.

Sin entrar en el fondo de esa discrepancia y sean cuales sean los importes actuales de las transferencias, parece claro que el concierto beneficiaría a “Cataluña” y perjudicaría a las comunidades de régimen común. Por un lado, el reparto de este perjuicio dependería de cuánto se aumentasen los impuestos de las regiones ricas para mantener las transferencias. Si este mantenimiento es incompleto, cosa probable, se reduciría el volumen de transferencias entre ellas y resultarían más perjudicadas las que hoy se benefician más. Con los datos de 2021 y en orden creciente de sobrefinanciación, afecta sobre todo a Asturias, Castilla y León, Canarias, Extremadura, La Rioja, Baleares y Cantabria.

Pero, ojo, los efectos de ese perjuicio dependen de lo bien o mal que se estén gastando esos recursos en la actualidad. Lo mismo que dentro de Cataluña, donde también habría que asignar y repartir las rentas del concierto. Dada la evolución que ha seguido esta autonomía desde su creación, no encuentro muchos motivos para el optimismo. Es muy posible que se dilapidasen en políticas de nula rentabilidad social. La evolución del País Vasco también sustenta este temor.

Además, parecen coincidir en esta opinión todo tipo de operadores cuando hablan con la cartera. En lo económico, se ha acelerado la huida de empresas de Cataluña en los primeros cinco meses de 2024, en especial de las inmobiliarias. En lo demográfico, los indicios también empiezan a apuntar en la misma dirección. Es sabido que la región lleva años perdiendo capacidad de atracción inmigratoria, sobre todo nacional; pero es que, según los últimos datos trimestrales del INE, la población residente ya estaba creciendo durante 2023 a una tasa anual del 0,68 %, muy inferior a la de Madrid, que lo hacía al 1,76 %, incluso por debajo de la media nacional, que aumentaba al 0,72 %. Como indicio de la confianza en el futuro, resulta aún más revelador que, según la Estimación Mensual de Nacimientos del INE, desde abril de 2024, Madrid ya esté superando a Cataluña en cuanto a nacimientos; y eso que en los últimos cincuenta años los nacimientos en Cataluña habían sido en torno a un 12 % superiores a los de Madrid.

Estos flujos de entrada y salida nos revelan las verdaderas expectativas de los individuos. Resulta paradójico lo poco que propios y extraños confían en Cataluña, pese a que en los últimos tiempos la influencia política de la región ha sido mayúscula, hasta el punto de determinar las decisiones políticas del Gobierno e iniciar una mutación de orden constitucional. Parece que propios y extraños confían menos en las élites catalanas cuanto más éxito tienen éstas en extraer rentas de otras regiones. Podría ser lógico si temen que esas élites también están aumentando su poder para extraer rentas dentro de Cataluña. Razones de alarma no faltan. Por ejemplo, tras el traspaso a la Generalitat de la gestión tributaria, la inspección dependerá de los políticos locales, que podrían confeccionar trajes fiscales a medida, como suele hacer el Gobierno Vasco. El riesgo de que proliferen la desigualdad y la corrupción es obvio, y se multiplica con la lenta degradación que sufre la Justicia en el ámbito autonómico.

Esta línea de reflexión lleva a concluir que el concierto catalán bien podría entrañar dos tipos de consecuencias primordiales a largo plazo. A escala catalana, supone, como es costumbre, un éxito pírrico. Una Cataluña foral quedaría condenada al estancamiento, como anticipan las empresas y la demografía. Según y cómo se concrete el concierto, Cataluña limitaría su aportación al común y podría incluso extraer rentas de otras regiones, pero quedamos condenamos a derrochar recursos en la pelea interna por capturar esas y otras rentas dentro de Cataluña.

A escala nacional, podría acabar consagrando tres Españas: una España extractiva, compuesta por las comunidades forales y Cataluña, condenadas en todo caso a vivir enfangadas en la creciente debilidad de su estado de derecho y la búsqueda interna de rentas; una España productiva, liderada en este orden por Madrid, Levante y quizá Andalucía, cuyo futuro depende de que pueda mantener la contención fiscal y tal vez de factores exógenos que pesen en el desarrollo regional relativo; y una tercera España que deberá seguir buscando un papel relevante y habrá de decidir cómo usa su poder político.